Todavía no toman Palacio Nacional, aunque lo tienen infiltrado, pero lo que sí es un hecho es que Ciudad de México, donde se asientan las sedes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial está sitiada por los criminales. Ejercen violencia y terror que el gobiernito del reinecito de Cuarta, encabezado en apariencia por Claudia Sheinbaum, no puede, no sabe o no quiere combatir y que solo encubre con cifras falsas, amañadas, pésimamente maquilladas.
La propia CDMX forma parte del 47 por ciento del territorio nacional que es disputado por la delincuencia organizada, aunque Clara Brugada presuma –recurriendo también a los polvos de Maybelline—que los delitos de alto impacto y los homicidios dolosos registraron mínimos históricos en 2026, el subregistro y la cifra negra siguen siendo muy elevados:
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad del INEGI, el 91.1% de los delitos en la capital del país no se denuncian ni llegan a una carpeta de investigación (fraudes, extorsiones, robos y asaltos). Esto significa que cerca de 9 de cada 10 ilícitos quedan sin castigo o registro oficial.
Y la percepción de inseguridad en Ciudad de México ha bajado a 60.4% en el tercer trimestre de 2026 (lejos del 92.3% registrado en 2018), según cifras de la ENSU-INEGI difundidas por el gobiernito capitalino.
En Morelos, que limita al sur con CDMX, Margarita González ya dio el ancho, como solemos decir cuando se llega al límite de las incapacidades. Rindió la plaza y prácticamente toda la entidad, pero especialmente Cuautla y la capital Cuernavaca son “plazas” que se disputan todos los cárteles habidos y por haber, y que perpetran cuanto crimen es punible en los códigos penales federal y del estado.
La población vive aterrada, rogándole al Creador no ser la siguiente víctima de extorsión, “levantón” y hasta homicidio.
La situación real de la criminalidad en el estado de Morelos al corte de octubre de 2026 refleja un panorama de contrastes complejos: por un lado, se mantiene en los primeros lugares nacionales de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, mientras que por el otro, cifras oficiales recientes –también maquilladas por el gabinete federal de (in)seguridad muestran una tendencia a la baja en el promedio diario de homicidios dolosos tras la implementación de operativos federales… algunos de los cuales se ejecutarán ¡hasta dentro de un mes!…
Pero lo que debería ser más preocupante en Palacio Nacional es el Estado de México que rodea a CDMX por sus costados poniente, norte y oriente y que dizque es gobernado por Delfina Gómez.
EdoMex: Poder criminal y electoral
Recientemente, el analista y exfuncionario Simón Levy hizo al respecto una detallada radiografía.
Con casi 17 millones de habitantes y la lista nominal más grande del país, la entidad será escenario de una jornada electoral decisiva en 2027. Una investigación basada en archivos oficiales busca identificar la relación territorial entre sanciones financieras, actividad criminal y municipios mexiquenses.
El Estado de México llegará a las elecciones del 6 de junio de 2027 como el principal centro de gravedad político del país. La entidad tiene concentra la lista de electores más grande de México: 12,871,433 personas, de acuerdo con el corte del Instituto Nacional Electoral (INE) del 29 de enero de 2026.
En una sola jornada se elegirán 75 diputaciones locales, 125 ayuntamientos y 40 distritos federales. En total, estarán en juego 1,291 cargos locales. La magnitud de la elección explica por qué, en el lenguaje político, se ha descrito al Estado de México como “la madre de todas las batallas”.
El resultado tendrá consecuencias que rebasan la administración de los municipios. El control político de la entidad significa influencia sobre el centro del país, una amplia representación legislativa y una estructura territorial determinante para cualquier proyecto nacional.
“Andy” siempre aparece “Andy”
El 29 de septiembre de 2026, The New York Times reportó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Hasta la información disponible, no se ha reportado una investigación formal abierta ni cargos en su contra.
El 5 de octubre, columnas políticas publicadas en México afirmaron que esa atención también se extendería a dos integrantes del gabinete mexiquense: Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, y Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas. inocencia.
En su investigación Levy no parte de las columnas políticas, sino de los archivos oficiales de Washington. El punto de partida es la lista completa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), revisada para identificar, domicilio por domicilio, los registros ubicados dentro de los 125 municipios del Estado de México.
Esos datos fueron contrastados con el mapa criminal de la Fiscalía del Estado, los registros de tomas clandestinas de Pemex, la información sobre laboratorios asegurados y los expedientes vinculados con la Operación Enjambre. El objetivo: construir una lectura territorial que permita observar coincidencias, concentraciones y posibles patrones entre distintas bases de datos públicas.
Control de La Familia Michoacana
La Familia Michoacana opera en 26 municipios que, en conjunto, representan 42% del territorio mexiquense, según el mapa de la propia Fiscalía estatal. Ocho empresas con domicilio en el Estado de México ya aparecen señaladas por Washington bajo una etiqueta relacionada con terrorismo. Cuatro de los 31 objetivos identificados se encuentran en Metepec, municipio colindante con la capital: dos habrían movido combustible del CJNG a través de bancos estadounidenses y una habría recibido químicos procedentes de China para una red de fentanilo vinculada con el Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Estado señala que La Familia Michoacana tiene su base en el Estado de México. Además, el funcionario que dirigía las aduanas en 2022, Duarte, cuando un oficio militar reportó presunto contrabando de hidrocarburos dentro de la estructura del grupo, hoy ocupa el cargo de secretario general de Gobierno.
Hasta donde se pudo verificar en fuentes abiertas al 10 de octubre próximo pasado es que estos elementos no habían sido publicados juntos ni acompañados de este cálculo. Cada dato puede cotejarse con los archivos oficiales citados.
En el top ten de la delincuencia
El Estado de México encabeza al país en varios delitos que permiten dimensionar el control territorial del crimen. En 2025 registró 2,257 víctimas de extorsión, equivalentes a 20.4% del total nacional. Al 27 de agosto anterior acumulaba 14,377 personas desaparecidas y no localizadas, más que cualquier otra entidad. Durante el primer semestre de 2026 reportó 464 víctimas de tortura, una cifra superior a la suma de Quintana Roo y Puebla.
Y hay un dato que el gobierno no presume. Para 2025, la Fiscalía mexiquense reportó 1,575 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Pero el INEGI, a partir de actas de defunción, contabilizó 2,575: mil muertes de diferencia, una brecha de 63.5%, cuatro veces mayor que la nacional. Con la cifra del INEGI, el Estado de México no sería la quinta entidad más violenta del país, sino la segunda.
Como se aprecia tras estos datos, la sede de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial está sitiada por el crimen.
Y en el gobiernito federal maquillan cifras y posponen hasta un mes la acción en contra de la delincuencia.
Mientras, la sociedad padece las consecuencias.
Indicios
El otrora respetado INEGI –por creíble, por sus datos fidedignos–, encabezado por la ex secretaria de Comercio durante parte del primer sexenio de AMLO en el poder, Graciela Márquez, ya ingresó al deleznable coro de aduladores del reinecito de Cuarta falseando la realidad. En su más reciente reporte se lee que la percepción de inseguridad pública en las principales zonas urbanas del país se ubicó en 58.1 por ciento al tercer trimestre del año, dato que representa el nivel más bajo reportado en los últimos años. Una “mágica” caída… ¡para hacerla coincidir con los “otros datos” que Sheinbaum y “El Batman” presentan en las mentiñeras. Si el INEGI también inventa una realidad alterna, ¿en qué y en quién vamos a creer ahora? * * * Reciba mi reconocimiento por haber leído este Índice Político y, como siempre, mis mejores deseos de que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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