Luego de que la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, informó a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión sobre las inconsistencias e irregularidades en la aplicación de la reforma al artículo 127 de la Carta Magna en materia de pensiones, la Alianza Nacional de Jubilados (ANJ) exhortó en conferencia de prensa a las y los legisladores a «revisar el Segundo Transitorio y abrir la puerta a una solución legislativa de fondo».
Durante la celebración de su primera Asamblea Nacional, que reunió a más de 200 liderazgos de todo el país, quienes concretaron acuerdos de unidad entre los afectados del sector energético y de la banca de desarrollo, los activistas reconocieron el trabajo parlamentario realizado hasta ahora. Sin embargo, llamaron a que «prevalezca el interés nacional por encima de cualquier diferencia política».
En la apertura de los trabajos recordaron que quienes hoy integran este movimiento fueron protagonistas del desarrollo energético y económico del país durante las últimas cuatro décadas. Destacaron que en la Comisión Federal de Electricidad recibieron una empresa que atendía alrededor de 10 millones de usuarios y la entregaron con más de 45 millones; ampliaron la cobertura eléctrica nacional del 60 al 98 por ciento y participaron en la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y una planta nuclear, así como de miles de kilómetros de líneas de transmisión y distribución.
Estos resultados fueron posibles gracias al conocimiento técnico y a la alta especialización de su personal. “Nuestra empresa no puede ser manejada con 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad; debe ser manejada 90 por ciento de capacidad y todo el amor a la camiseta”, expresaron durante el mensaje inaugural.
La incertidumbre jurídica ya afecta al personal en activo, al desincentivar la permanencia y que se asuman mayores responsabilidades dentro de las empresas públicas. Explicaron que cada vez resulta más difícil cubrir posiciones de alta especialización y liderazgo técnico, debido a que los incentivos para desarrollar una carrera de largo plazo se debilitaron.
Recordaron que “sin electricidad no puede existir nada” y advirtieron que “no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo derechos adquiridos”. El recorte alcanza a cerca de 100 mil familias y el “ahorro” estimado para el Gobierno equivale apenas a ocho días de subsidio a las gasolinas.
«Esta discusión ya no pertenece únicamente a los jubilados, pertenece a todos los trabajadores de México. Si un derecho adquirido puede ser desconocido hoy, ningún trabajador mexicano puede tener la certeza de que los derechos que hoy adquiere serán respetados mañana», destacó el ingeniero Antonio Vega, vocero de la Alianza.
Durante el encuentro con medios de comunicación, la dirigencia del movimiento aseguró que las acciones de resistencia civil y legal no concluirán hasta que exista una solución constitucional definitiva que erradique la retroactividad, defienda el Estado de derecho y garantice la certeza jurídica en el país.
«No permitiremos que una reforma que nació con errores se convierta en un precedente que vulnere los derechos adquiridos de las presentes y futuras generaciones de trabajadores mexicanos», agregó Vega.
Finalmente, la Alianza Nacional de Jubilados, integrada por ex trabajadores de CFE, Pemex, Luz y Fuerza, Banobras, Bancomext, Nafin, Banrural y CENACE, reiteró su voluntad de mantener el diálogo constructivo con el Poder Legislativo para alcanzar una salida institucional que devuelva la tranquilidad a miles de familias de la tercera edad.
Exhortó a los legisladores finalmente Antonio Vega «Todavía están a tiempo de corregir una reforma que nació con errores” Se deben restablecer plenamente los derechos adquiridos y demostrar que el Estado mexicano honra su palabra».