No es un ya un rumor ni una invención para defender “pensiones doradas” en las entidades paraestatales y banca de desarrollo. Desde el 6 de mayo pasado un grupo 26 ingenieros especializados de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, a cargo de Juan Carlos Santoyo Pérez alertaron a las principales agencias internacionales de seguridad nuclear sobre el riesgo que implica la pérdida de recursos humanos altamente calificados en la materia por la reforma al artículo 127 constitucional que ordena que todos los servidores públicos solo se podrán jubilar con el 50% del salario presidencial. Pero el riesgo no queda ahí.
Desde la semana pasada, de manera subrepticia, se filtran comentarios y llamados preocupantes sobre la presunta baja calidad de trabajos de conservación y mantenimiento en esas instalaciones ubicadas en la costa central de Veracruz. Aunque la Comisión Federal de Electricidad que lleva Emilia Calleja ha salido públicamente para aseverar que se observan todos los protocolos de seguridad conforme a las normas internacionales, las alertas emitidas por expertos (trabajadores en activo y retirados) siguen firmes.
La International Atomic Energy Agency (IAEA) que encabeza Rafael Mariano Grossi, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) al mando de Naoki Chigusa, y Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) a cargo de Alejandro Núñez Carrera, han sido notificados por la pérdida de valioso personal experimentado en manejar riesgos nucleares y de la transmisión de tal conocimiento a jóvenes ingenieros.
Que nadie se diga sorprendido.
Hacinados, acarreados; vinculación celular a chaleco
Le dicen “la franjita de gazita” a los 6 pisos de la oficina de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) donde se hacinaron a los casi mil trabajadores que antes ocupaban 10 pisos del edificio que fuera del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)… pues los cuatro pisos altos fueron ocupados holgadamente por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones -la de José Peña Merino– desde diciembre pasado.
La semana, como ya ha sido costumbre, hubo órdenes verbales de los mandos a cargo de Norma Solano para que los empleados asistieran -con acompañantes- el mitin dominical del Monumento a la Revolución; en caso de no ir, se les sancionaría con jornadas prolongadas en oficina. No es la primera vez que se les acarrea… con todo y chinches. O sea que esa comisión no es una entidad autónoma como ha reclamado la representación comercial de Estados Unidos (USTR) a cargo de Jamieson Greer.
Y además de ello, los empleados de la CRT deben corretear a los operadores de telefonía móvil para que sin consentimiento a sus clientes de pospago (los que pagan con tarjeta de crédito) vinculen los números celulares con el CURP para el control de la información, aunque ello implique violar la Ley de Datos Personales.
Kershenobich-Clarck entran al quite en medicinas
Como una comedia de ópera bufa, la secretaría de Salud a cargo de David Kersenobich recordó su papel regulador en la demanda de medicinas e insumos de la salud del sector público… y ya le metió cambio a la multiparchada compra bienal encargada a Birmex encarga a Carlos Ulloa.
El acuerdo federal publicado el viernes pasado hace que prácticamente Birmex sea el gran concentrador proveedor del gobierno Federal… y que, oootra vez sea la Secretaría de
Salud la autoridad en la planeación y consolidación de la demanda nacional. Se presume con que el objetivo de este cambio es la optimización de los procesos de adquisición,
almacenamiento, distribución y abastecimiento de insumos para la salud, así como fortalecer la coordinación institucional para garantizar el acceso oportuno a medicamentos y demás insumos en las instituciones públicas de salud.
En términos tácitos es el reconocimiento que siete años después de la desaparición del neoliberal Seguro Popular, a la fecha no se han logrado compras óptimas, ni logística para la distribución ni se garantizó el acceso oportuno a medicinas e insumos para la salud y muchos menos se alcanzó coordinación institucional.
Pero ahora le confieren tooodo el poder decisión a Salud, específicamente al subsecretario Eduardo Clark. Salga bien o salga chueca la nueva estrategia, ahora es su perro y él lo baña.
¿Se va Toyota?
Una empresa no necesita anunciar oficialmente su salida de un país cuando los hechos y las declaraciones de un alto directivo dan señal de ello. En la industria automotriz, las plantas no se mudan de un día para otro: primero se mueven las inversiones, después los proveedores, luego los empleos y, finalmente, la relevancia industrial. Por ello, la declaración de Lizette Gracida, vicepresidenta de Toyota México, dio mucho de qué hablar durante y después del foro «Cuando el mundo se reordena, México avanza», realizado en el marco del 15 Foro de Emisoras de la BMV. La armadora forma parte de la AMIA, que preside Rogelio Garza.
Al advertir que modificar las reglas del T-MEC podría convertirse en una «píldora venenosa» para México, Gracida envió un mensaje claro: la competitividad del sector en el país está entrando en una zona de riesgo. Además, aseguró que la competencia no es Asia, sino Estados Unidos y, en específico, Texas. Aquí se atan los cabos. La advertencia llega en un momento sensible para la propia empresa, pues Toyota anunció hace unos días una inversión de más de 2 mil millones de dólares para una nueva planta en San Antonio, Texas.
La lectura es incómoda: si Estados Unidos empuja reglas que privilegien el contenido estadounidense, Toyota podría replantear parte de su estrategia productiva en México. La pregunta es a cuál de sus plantas —Guanajuato o Tijuana— alcanzaría a llegar a una reconfiguración y, peor aún, si alguna podría enfrentar un cierre, ya que son las entrelíneas que afirmó su vicepresidenta.
@mfloresarellano